El Congreso vuelve a tener en sus manos la recientemente aprobada y ahora observada, Ley Nº 626, más conocida como la Ley de “Alertas Educativas”. ¿Cuál es su principal mandato? Obliga a la SUNAT a brindar una capacitación por cada infracción que por primera vez cometa una micro y pequeña empresa antes de poder sancionarla.
Lo paradójico de este asunto, debo anotarlo, es que Contribuyentes por Respeto siempre estuvo atento a los excesos de la SUNAT frente al ciudadano. Sin embargo, ahora toca denunciar lo que creemos es un exceso frente a un vulnerable y agrietado sistema de recaudación al que muchos ya de por sí le sacan la vuelta deliberadamente.
El primer defecto que se puede observar en esta Ley es que de las 61 infracciones que abarca, hay varias que no implican algún desconocimiento o falta de asesoría, sino que constituyen prácticas claramente evasivas y de resistencia a la autoridad. ¿Qué necesidad de ser capacitado, podría tener un empresario que impide el control de sus camiones en la carretera, no asiste al llamado de la administración tributaria, oculta o destruye libros contables, o elabora o comercializa bienes de forma clandestina? Más aún, la norma no establece si la empresa debe o no subsanar la falta antes de recibir esta “alerta educativa”.
En segundo lugar, preguntémonos a quién favorece la Ley. La pequeña empresa vende hasta 6.9 millones de soles al año y ciertamente el incumplimiento de deberes tributarios involuntario o por desconocimiento en aquellas pequeñas empresas que rozan el límite superior de la escala es poco probable. No obstante, más de 78 mil empresas (4.5% del total) serían beneficiadas por este programa que, en nuestra opinión, solo debería apuntar a las micro empresas que acaban de iniciar sus actividades comerciales.
En tercer lugar, la norma no especifica cómo se ejecutaría el sistema de capacitación que constituye, supuestamente, el corazón de la iniciativa. Asumiendo que el reglamento o la SUNAT llenarán este vacío, nos encontramos frente a dos posibles escenarios: o hablamos de un sistema de capacitación presencial y descentralizado que sería carísimo y debería estar listo en 60 días; o hablamos de una estrategia de impacto pedagógico nulo, basada en el envío de algún recurso digital o la asistencia a una breve cita en la que el infractor recibiría un material de lectura que probablemente sirva para limpiar los vidrios de su oficina.
La evasión del IGV le cuesta anualmente al país 22 mil millones de soles (aproximadamente 7 veces el presupuesto del Seguro Integral de Salud). La evasión del impuesto a la renta nos cuesta 35 mil millones de soles al año (1.5 veces la Reconstrucción Nacional con cambios). Esta Ley no solo ablandará de forma exagerada la fiscalización de las micro y pequeñas empresas, sino que podría fomentar más bien una cultura de incumplimiento y beligerancia, que seguramente muchísimas MYPES responsables que cumplen sus obligaciones no promoverían.
Hizo bien el Ejecutivo en observarla y haría bien el Congreso en rediseñarla. A diferencia de lo que quizás piensen nuestros padres de la patria, los peruanos no queremos subsidios, privilegios, regalos o exoneraciones si con ello se va a debilitar nuestra casi inexistente cultura de cumplimiento de los deberes tributarios.
Si copiar modelos o estrategias de países vecinos, más o igual de desarrollados que nosotros, fuese el remedio ideal para nuestras dolencias más acuciantes, hace tiempo que viviríamos en el paraíso y ni el Papa Francisco tendría que venir para darnos un mensaje de esperanza. Lamentablemente la copia, por más bien intencionada que sea, no siempre resulta eficaz y la urgente y grave alerta que sí debe ser levantada, es que en el caso de esta Ley, la medicina puede resultar peor que la enfermedad.