Aunque las relaciones comunitarias de una empresa se enfoquen principal pero no exclusivamente en la buena vecindad con la comunidad local -muchas veces las familias que eran propietarias de la tierra o que la otorgaron en cesión de uso- hoy es evidente que dichas relaciones se viven no solo con los “comuneros” sino con otros actores como las autoridades locales, públicas o elegidas por la comunidad, la población inmigrante, los gremios locales, la Iglesia Católica y las demás confesiones presentes en una zona.

electoral-representatividadEntre dichos actores, si bien las autoridades públicas son en sí mismas relevantes, muchas veces las familias de comuneros y la población ni entienden su importancia, ni tienen buenas relaciones con ellas ni las incluyen en las negociaciones relevantes. ¿Cuántas veces encontramos que una comunidad quiere revocar al alcalde, echar al comisario del pueblo, o piensa que la posta médica y la UGEL no cumplen su función? Esta percepción negativa de las autoridades o entidades públicas causa, a veces, que la empresa pierda de vista también su importancia y piense -erróneamente- que puede lidiar directamente con la comunidad y no con los representantes del estado.

Lo primero que habría que decir es que la falta de autoridad pública o la poca capacidad de gestión pública que tienen los gobiernos locales es un problema real. Por ello, vemos con entusiasmo que muchas empresas y universidades empiezan a apoyarlos con cursos, diplomados, capacitaciones y asesorías en temas varios y en la elaboración de sus planes de desarrollo concertado o de proyectos de inversión pública.

Sin embargo, en segundo lugar, las iniciativas antes mencionadas no bastan. Ocurre en muchos lugares que las autoridades y entidades públicas gozan de la “potestad” para gobernar pero no de la “legitimidad” para hacerlo. Y esta legitimidad se basa en dos aspectos cruciales: representatividad y gestión eficiente. Según ambas funcionen, la percepción de la población será mejor o peor y por lo tanto también la relación. ¿Cuántas veces hemos visto alcaldes o funcionarios públicos que no son capaces de representar a sus comunidades, escuchar su voz, saber realmente qué necesitan y lograr “short wins” para mejorar la calidad de vida de sus gobernados? Muchas.

Por ello, y en tercer lugar, las empresas, además de buscar firmar convenios o posar en la foto con las autoridades y entidades públicas de una comunidad, deben fomentar a través de estrategias y acciones concretas (y si esto implica una inversión económica, no será en vano) una mejor relación entre comunidad y estado: mejor capacidad de gestión y representatividad, mayor cultura de ciudadanía y valores de convivencia.

Finalmente, debemos ser críticos con aquellas empresas que van “midiendo” el terreno sin actuar salvo que les convenga, que no apoyan a las autoridades hasta ver qué hace la comunidad al respecto. Esto, si bien constituye una estrategia de corto plazo para evitar crisis, no cambia las cosas a largo plazo y acostumbra a los equipos de RRCC a seguir moviéndose en un contexto social inestable, con cartas debajo de la mesa, en el que el gobierno no representa y no gestiona y la comunidad no se siente representada y opta por el conflicto. Es como jugar un juego de tres con dos amigos que no paran de pelearse y no pueden dirigirse la palabra. El juego no funciona.

Articulando de verdad…

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