Resulta que ha aparecido un nuevo actor (no hace poco pero cada vez mejor identificado) en la escena del diálogo entre Empresa Privada (generalmente extractiva o energética), Estado y Comunidad. Es una persona que se hace llamar “asesor” de la comunidad. Le dedicaremos algunas líneas solo para identificarlo aún mejor, entendiendo que es un personaje a considerar en nuestro análisis de “actores involucrados” no solo al inicio de un proyecto de inversión sino en la proyección de su vida útil.

Perfil. No es miembro de la comunidad, es generalmente alguien que puede radicar o haber nacido en la región en donde la relación se da o incluso haberse mudado de otra contratado para este fin. La mayoría de veces es abogado de profesión, o ha trabajado en el sector público, en áreas afines de gobiernos locales, aunque puede ser un líder sin una profesión específica que cuenta con un abogado asesor. Conoce medianamente la legislación sobre el tema y también algunas estrategias básicas de negociación como para plantear primeras acciones a la comunidad que lo contrata. Su corte ideológico no necesariamente está definido. No hablamos de un “anti-minero”, sino de un proveedor de un servicio que buscará velar por los intereses de sus representados. Suele tener habilidades de liderazgo, comunicación, persuasión y bastante tolerancia a la presión y al conflicto. Definitivamente su nicho son las comunidades, no las empresas, por lo que no tendrá una perspectiva desde “dentro” de la empresa, sino desde “fuera” de ella.

conacamiFunciones y método. Es contratado con honorarios y horario de trabajo. Todo “formal”. Se reúne con los líderes de la comunidad, generalmente de manera privada, para saber cuáles son sus intereses, los lista, y les propone un plan de acción para “defender” dichos intereses. La empresa no sabe de su presencia hasta después de un tiempo. Ojo con esto. No prima en la definición de su plan si aquellos intereses son legales o legítimos, sino el simple deseo, fuerte, de que sean atendidos. Conocido el objetivo, plantea acciones que suelen ir creciendo en intensidad. Al inicio sugiere a la comunidad que converse directamente con la empresa para sondear la “actitud” de ésta frente a los reclamos. Si el interés es débil, propone acciones cada vez más radicales. La última acción requerida siempre resulta ser un bloqueo de vías, un viaje a Lima a las oficinas principales de la empresa, una intervención a las empresas eléctricas o represas de la zona para que cierren el abastecimiento a las unidades, etc. En el camino, puede haber habido recursos legales activados o no. El diálogo pudo ser formal o informal. Este asesor también suele activar relaciones con otros actores como ONGs, gobiernos locales, medios de comunicación, y entidades competentes para hacer más “ruido”, ruido que, sabe bien, nunca será deseado por el sector privado.

Finalidad. La finalidad de contratar un asesor con este perfil sirve para entender cómo piensan y qué criterios de fondo tienen muchos líderes comunitarios:

En primer lugar, nos habla de la vulnerabilidad que siente la comunidad cuando se sienta a dialogar con la empresa. Al no sentirse “segura” para poder negociar, y creer (no racionalmente) que pierde algo, prefiere contratar alguien con un perfil más agresivo y líder. Esto no es poca cosa. El empresario, el representante de la empresa, debe tener en cuenta esto porque detrás de una aparente actitud de soberbia y altivez se esconde una clara inseguridad que pone más defensivo al líder local. Mientras más amables y cercanos sean los relacionistas comunitarios en sus formas, los pobladores sentirán menos necesidad de “defenderse” de la operación.

En segundo lugar, nos muestra el poco conocimiento que los líderes tienen de la legislación en materia de inversión privada. Esto abre la oportunidad a una intervención pública o privada con capacitaciones, sesiones de sensibilización y otros mecanismos que mejoren su conocimiento del tema. Por ahora esto no se da y cuando el Estado y la Empresa no “llenan el vacío”, definitivamente otros terminan llenándolo.

Tercero, grafica también esta idea (nociva) de que la comunidad puede negociar, re-negociar, y re-negociar con la empresa cuántas veces crea conveniente, como si los contratos iniciales fueran papel desechable. Esto último constituye un fuerte obstáculo “mental” en el gran proceso de promoción y generación de inversión privada en el país. Mientras no vivamos en una cultura en la que se respete la palabra, dicha o escrita, todo lo demás no sirve. No sirven más leyes, no sirven más consultorías, diagnósticos y estrategias si la mentalidad de borrón y cuenta nueva no desaparece rápidamente.

Finalmente, si bien los reclamos, quejas y pedidos manifiestan la “insatisfacción” de ciertos pobladores (algunos o muchos), la existencia de estos reclamos no son evidencia de legitimidad o legalidad. Se debe partir de la idea de que se negocia frente a personas insatisfechas, pero no de la idea de que dichas insatisfacciones tienen sustento y son válidas. El minero no puede ir con el autoestima bajo a una negociación. Si el mismo representante de la empresa minera se percibe trabajando en un rubro “impío y dañino”, cómo puede ir con los ojos y los oídos limpios a una conversación. Él también irá defensivo. Por ello no basta que la empresa parezca social y ambientalmente responsable. Tiene que serlo. Y por ello también, la capacidad para persuadir a los líderes y hacer que se convenzan de que lo que piden no es legítimo ni viable es muy importante.

Se trata de poner a un lado al asesor y no dejar que sea el filtro de la relación. Se tiene que fortalecer la relación directa y confiable entre la empresa y la comunidad, relación basada en la verdad, la sinceridad, la justicia y la ley.

Los “asesores” de las comunidades rurales

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