SUNAT ha declarado que la caída en la recaudación tributaria durante el 2012 se debió principalmente a la caída de los precios de los commodities y la tendencia a la baja en su exportación. Esto es comprensible. Sin embargo, afirmó que para generar una mayor recaudación durante el 2013 se debía “ampliar la base tributaria”, es decir, lograr que más personas que deberían pagar impuestos y no lo hacen, lo hagan. Se trata de formalizar informales, captar nuevos contribuyentes y alinear a los evasores, en otras palabras.

La misma Tania Quispe, jefa de la Sunat, detalló (Ver El Comercio) que la estrategia a llevar a cabo se concentrará en ampliar la base tributaria en el mercado interno, debido a que buena parte de las exportaciones -sobre todo las mineras-, y los precios internacionales del cobre, oro, gas y petróleo están reportando una tendencia a la baja que viene desde el 2012.

sunatLo que Quispe no resaltó es que los conflictos sociales también generan pérdidas en las mineras, caídas en la producción, caídas en la exportación y por lo tanto menor recaudación. La cadena es simple y clara. ¿Cuánto está haciendo el Gobierno por conciliar a los actores involucrados? ¿Cuánto apoya a los equipos técnicos de consultoras, ONGs o entidades públicas locales que tratan de buscar soluciones? ¿Cuánto se consciente que movimientos extremistas y líderes ideológicos sigan complotando contra la inversión e incluso a veces contra las propias comunidades que al comienzo los convocan?

Lo que Quispe tampoco resaltó es que hay inversiones paralizadas (inversiones de miles de millones de dólares, Conga no es la única), debido a trabas burocráticas, prejuicios ideológicos; inversiones muchas veces “encarpetadas” por miedo a la presión que muchos técnicos y funcionarios públicos reciben de medios de comunicación, ONGs, líderes anti-mineros, y sectores de la población que no entienden la importancia de la inversión privada. Esto ocurre en el MINAM, en el MINCULTURA, en OEFA y es harto conocido.

Lo que Quispe tampoco resaltó es que, aunque por un lado se piensa ampliar la base tributaria, por el otro los costos de la formalización y las presiones de la legislación laboral sobre las pequeñas empresas que crecen, son TREMENDOS. Como bien dice la Editorial de El Comercio del día de hoy:

sunat2“…mientras el sector informal (que incluye aproximadamente el 80% de la PEA) considere que los costos de la formalización excedan sus beneficios, no habrá manera de incluirlos. Por lo tanto, un plan de ampliación de la base tributaria tendría que venir de la mano con uno de reducción de los costos de la formalidad, no solo para facilitar el incremento de la recaudación, sino para facilitarle la vida a los emprendedores, que son la base del crecimiento de la economía y del empleo, y por lo tanto, de la propia recaudación (…) Lo ideal es que cada vez haya más empresas y que éstas puedan crecer irrestrictamente. De esta forma se recaudaría más dinero. Solo que ello no será posible si el Estado no les permite siquiera levantarse, obligándolas a permanecer -o a volver- donde no puede verlas: en la clandestinidad.”

Finalmente, en el mismo post de El Comercio, el economista Juan José Marthans afirmaba que “desde hace cinco años, por lo menos, varios economistas han señalado que se debe reorganizar el sistema de recaudación, pero ninguno de los Gobiernos ha hecho nada al respecto”. No podemos basarnos en una gestión de la recaudación reactiva, que sale al paso de las circunstancias. No podemos basarnos en una política de recaudación que ahorca a la clase media, al emprendedor, a las PYMES, para poder cumplir sus números. Les aseguro que eso es nocivo para el desarrollo del país.

Formalización y recaudación tributaria
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