Nos permitimos transcribir, un excelente y breve artículo sobre la última normativa aprobada para la extracción de anchoveta, polémica por cierto. Aquí los comentarios del Instituto Peruano de Economía – IPE.

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En 1968 Garret Hardin escribió sobre “la tragedia de los recursos comunes” qué ocurre cuando individuos racionales guiados por intereses particulares depredan un bien común, como la anchoveta u otros recursos agotables, pese a que no les conviene extinguir el recurso. Seis años antes, el premio Nobel de Economía Ronald Coase en su artículo “El Problema del Costo Social” planteó una de las soluciones para enfrentar, bajo ciertos supuestos, la tragedia de los bienes comunes: asignar derechos de propiedad sobre el recurso y dejar que el mercado asigne eficientemente su uso, como usualmente lo hace.

recursoshidricos-consumoUna de las pocas reformas que adoptó el gobierno pasado fue justamente asignar de manera más eficiente los “derechos de propiedad” sobre la anchoveta mediante cuotas de pesca individuales que determinan cuánto puede pescar cada empresa dentro de una cuota global establecida por el IMARPE año a año. Así, se dejaba atrás la “carrera olímpica” mediante la cual cada empresa pescaba todo lo que podía lo más rápidamente posible y con un exceso de flota pesquera que elevaba costos y hacía peligrar la sostenibilidad del recurso. El éxito de esta reforma requiere, sin embargo, que el Estado supervise que se cumplan las cuotas individuales y que solo pesquen quienes tienen cuotas, así como sancionar el incumplimiento de las reglas del sistema. El problema es que el Estado no sido capaz de cumplir su rol regulador y se mantiene mucha informalidad en el sector.

Con el cambio al gobierno “nacionalista”, el Ministerio de la Producción se viene enfocando en lo que ellos denominan el resguardo del recurso pesquero y la promoción de la pesca para consumo humano directo (ver gráfico). Sin embargo, al perseguir estos objetivos válidos, el PRODUCE ha aprobado decretos supremos que ejercen mayor presión sobre el recurso–ver IPEopinión–; y que, a su vez, perforan la poca institucionalidad que se había ganado en el sector con el establecimiento del sistema de cuotas pesqueras.

Si revisa la prensa sobre el tema, verá un carnaval de denuncias, incluyendo acusaciones de traición a la Patria contra los funcionarios del PRODUCE que “están regalándole la pesca del mar peruano a Chile”. Esto se suma a acalorados debates televisivos entre el viceministro del sector, Paul Phumpiu y representantes de la industria pesquera, largas explicaciones por parte de la Ministra Gladys Triveño sobre las motivaciones que persigue su cartera, y una discusión televisiva entre la ambientalista y ex viceministra de Pesquería Patricia Majluf y el economista Carlos Paredes, de un lado, y el armador pesquero Roberto Vieira, de otro –ver video y ver artículo de Paredes–.

De todo lo anterior, quedan claros algunos puntos: (1) un preocupante desconocimiento de las cabezas del PRODUCE sobre la realidad del sector pesquero –en el tristemente célebre DS 005-2013 se dan licencias a embarcaciones que “pueden o no tener sistemas de monitoreo satelital”, ignorando la gravedad de esta carencia y se pretende promover por decreto el consumo humano directo pero se deja abierta una ventana para que la pesca pueda terminar en plantas de harina residual–, (2) la falta de responsabilidad por parte de los pesqueros industriales respecto a la participación de algunas empresas en los problemas de sobre pesca, pesca de juveniles, multas no pagadas, entre otros y (3) el interés de los sectores pesqueros “medianos” por ganar mayor terreno, desconociendo los acuerdos a los que ya se había llegado al momento de dar establecer el sistema de cuotas para la pesca industrial.

El problema del sector pesquero es principalmente uno de debilidad institucional, pero el PRODUCE no parece darse cuenta de ello. Creando regímenes alternativos, tratando de regular el sector mediante decretos cuya aplicación no es viable, no se logran mejores resultados. Exigiendo el cumplimiento de las cuotas, mejorando los sistemas de monitoreo y supervisión, agilizando las aplicaciones y cobros de multas, y sanciones se puede evitar la depredación de la anchoveta. Hacer que las cuotas individuales fueran negociables, como lo sugirió Ronald Coase, cerraría el círculo.

Del Instituto Peruano de Economía: “Chau, pescado”

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