Quienes escriben sobre la relación entre las empresas del rubro extractivo y las comunidades suelen enfocar sus aportes en 1. la responsabilidad de las empresas frente al medio ambiente y la responsabilidad social, 2. el rol del Estado como regulador y generador de normas antes, durante y después de la explotación y 3. decenas de idealistas opiniones acerca del diálogo, el consenso, la negociación, resolución de conflictos, y la búsqueda de puntos de encuentro.

Por lo que vemos en nuestro trabajo cotidiano, quisiéramos escribir sobre algo poco mencionado en la literatura, bastante incipiente aún, dedicada a las “relaciones comunitarias”: la responsabilidad de las comunidades y la población en el éxito o fracaso de un proyecto de inversión social. Criticar a la comunidad es políticamente incorrecto. Trataremos de hacerlo con respeto. Creemos que más especialistas en el tema deben analizar este punto y tratarlo, sin miedo.

En primer lugar, no esbozaremos aquí argumentos como “la desidia del Estado”, “la indiferencia de la Empresa”, “los intereses extranjeros”, “la desigualdad”, o “la falta de oportunidades”. Asumimos que Empresa y Estado cometen muchos errores y tienen muchas carencias, pero esta vez hablaremos de la responsabilidad voluntaria de quienes negocian en nombre de una comunidad frente a inversionistas o autoridades públicas en situaciones concretas y reales.

El inmediatismo

Hablemos un minuto del comunero, este líder y/o poblador que posee la tierra que se quiere explotar. Recibe el pago por sus tierras, obtiene muchos beneficios en paralelo, y la mayoría de veces se gasta el dinero en bienes accesorios. Dos o tres años después vuelve a pedir dinero, rompe el contrato y amenaza con bloquear la carretera hacia la planta o mina. El argumento: la minera vive de nosotros, lo que nos dieron no es suficiente, seguramente van a seguir extrayendo metales y creen que lo que ya nos dieron es bastante. Pidamos más.

Cocachacra - IslayLas preguntas que uno le haría a este imaginario comunero son ¿Qué calculo hizo para aceptar el pago inicial por sus tierras? ¿Por qué en ese momento no fue usted más cuidadoso para calcular su valor? ¿No respeta un contrato ya firmado? ¿Por qué tendría derecho a romper un contrato (base y fundamento del sistema económico que protegemos)? ¿Es usted acaso un ciudadano especial que merece privilegios que lo ponen por encima de un contrato o incluso por encima de la ley? ¿por qué no piensa en proyectos para toda su comunidad, no solo para su familia o la junta directiva? ¿por qué no coordina con el gobierno local para que éste sea el que ejecute proyectos de inversión social en la zona?

Ninguna de estas preguntas será respondida. Recuerden, es un comunero imaginario. Sin embargo, todas las semanas nos encontramos con negociaciones en las que la empresa extractiva “maleduca” a la comunidad, especialmente a sus líderes. Lamentablemente, y lo sabemos bien, el funcionamiento de una mina o planta depende muchas veces de la satisfacción de estos caprichos y el mal menor pareciera ser consentirlos.

Sin embargo, consentir una relación así puede traer dos consecuencias: otras empresas tendrán que enfrentar lo mismo dado que entre líderes se “pasan la voz” o ya “conocen” cómo son las cosas; o llegará un momento en que ni la misma empresa podrá consentir todo y entonces, tarde o temprano será traicionada.

El problema de fondo 

El argumento típico de algunos políticos que quieren exposición mediática o de algunas ONGs anti-sistema será que los comuneros son engañados por las mineras en la negociación: “ellos no conocen el sistema – dicen – son víctimas que nunca fueron atendidas”. Y entonces se siguen alimentando estas ideas falaces de culpar al Estado o a la Empresa de casi de todo, afirmando que si el campesino “no sabe” o patea el tablero es por culpa de la indiferencia histórica de “alguien”, pero no de ellos.

El problema de fondo empieza a traslucirse. No es un problema operativo. Tolerar estas actitudes anti-sistema de parte de las comunidades genera, siguiendo la lógica, un efecto macro mucho más grave: si el campesino rompe el contrato, luego la minera tiene que romperlo y re-escribirlo, porque si no, no podría sobrevivir y se enfrentaría a paros, actos de violencia y amenazas. Esta destrucción y construcción de contratos ha venido a llamarse de forma diplomática “renegociación de compromisos”. La renegociación se ha convertido en una palabra usual y típica del mundo de las RRCC y la RSE y sirve, perdónenme, para suavizar un hecho concreto: estamos rompiendo contratos y volviéndolos a armar como si fueran Origami.

Empieza entonces una relación en la que compromisos, reglamentos y contratos no sirven y todo se maneja de forma inestable, incluso a veces por debajo de la mesa. Firmamos papeles, los rompemos y los volvemos a firmar.

¿Entendemos el daño que esto le hace al sistema en sí? Deslegitimamos los fundamentos que sostienen la idea de que la inversión privada y el libre mercado son buenos. Cómo podemos decir que el libre mercado es bueno, si rompemos su piedra angular, el contrato. No podemos. Cómo podemos defender la libertad de mercado, la inversión, el valor del capital privado, si violamos su ética, sus normas y su funcionamiento.

Este es un daño que no se intuye fácilmente porque tendrá sus efectos a mediano plazo, en las próximas elecciones, o en las próximas. Es un daño social, estratégico, ideológico. Estamos minando la reputación del sistema que nos da la vida y que nos permite construir patria, economía, desarrollo y también, por qué no, garantizar el bien de nuestras familias.

cocachacra_note_principalLo más interesante es que comuneros y campesinos tienen una noción clarísima acerca del capital y la propiedad privada, ya no son tan distintos a nosotros. Nosotros ya no somos tan distintos a ellos. Pensamos igual, vivimos igual, usamos celulares, tenemos cable, internet, una buena camioneta (ojalá yo tuviera una similar), cuentas bancarias, trabajo seguro. Líderes y campesinos piensan como nosotros, viven como nosotros, pero se escudan en esta supuesta “interculturalidad” que consultoras, poltícos y ONGs pagadas por las mismas empresas extractivas promueven. Al menos, no las paguemos.

¿Soluciones?

Antes de buscar soluciones a los conflictos que surgen de las relaciones empresa – comunidad o estado – comunidad, debemos cambiar presupuestos y premisas.

Ni el Estado ni la “presencia de la inversión extractiva” son la causa de este tipo de actitudes mercantilistas de parte de algunas comunidades que reciben millones cada año, gracias a la inversión privada, nacional o extranjera. ¿Cuánto dinero se queda en las cuentas de los gobiernos locales porque no tienen funcionarios públicos preparados para hacer proyectos de inversión pública y para beneficio público?

Para solucionar el problema, debemos analizar sus causas, pero no las de una sola orilla, sino las causas generadas por todos los actores. Cuando la mayoría de especialistas en RRCC o RSE pone el foco en estrategias de negociación, resolución de conflictos o en talleres de interculturalidad y comunicación asertiva, no le están dando al clavo, no están yendo a la médula del problema. El problema es un problema ético. Lo otro es maquillaje.

Comunidades Responsables

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