La finalidad del Estado, como creación humana abstracta por cierto, es servir al ciudadano. El Estado no es empresario. No es educador. No es doctor. No es soldado. No es juez. No es padre de familia. No es ingeniero. Solo se preocupa por dichas áreas para servir a la comunidad, a las familias, al ciudadano y siempre se vale de la experiencia de los mismos ciudadanos (políticos, funcionarios públicos, jueces, asesores y líderes son quienes conforman un “estado”), y sus empresas o entidades técnicas, universidades o institutos de investigación, para poder promover políticas públicas y regular de alguna forma dichos ámbitos por el bien de la población.

qaliwarmaEn el marco de esa función administrativa y pública, el Estado puede escoger ciertas tareas y roles. Una de las tareas y roles que puede escoger es ejecutar programas sociales. ¿Lo debe hacer siempre? ¿Es el Estado quien debería ejecutar los programas sociales en primera instancia? ¿Es un rol obligatorio? No. Ser el ejecutor directo de programas sociales es opcional. Históricamente los gobiernos de corte populista y socialista han optado por ser los ejecutores y administradores directos de los programas sociales. Esto con la finalidad de generar un clientelismo electoral y una masa cautiva que los podría mantener en el poder. Del otro lado, en la historia peruana por lo menos, no hay muchos ejemplos de cómo se comportaría un gobierno de corte liberal ante los programas sociales. Nuestros presidentes más liberales siempre tuvieron que tener una cuota de populismo, dado el carácter inestable y traicionero del electorado peruano y su congénita debilidad frente a las Fuerzas Armadas, especialmente hasta la década del sesenta.

En fin, lo central es que el Estado no es necesariamente el “experto” ni el “técnico” en programas sociales. Y para aterrizar más el tema, digamos que el mejor ejemplo de un Programa Social que NO debería ser ejecutado y administrado directamente por el Estado es Qali Warma.

En mi humilde opinión, Qali Warma debería ser ejecutado y administrado por una empresa privada especialista en la preparación, manipulación, distribución y logística de alimentos. Esto es inteligente. Esto se daría a través de una licitación o de una Alianza Público Privada. Para un tema tan crítico no se puede confiar en la buena voluntad de un funcionario público que no maneja áreas tan sensibles como la calidad y la seguridad alimentaria. Esto es inadmisible.

Las buenas prácticas y estándares de manipulación de alimentos, en toda la cadena, desde su compra al proveedor inicial velando por los estándares de producción, hasta su repartición al usuario final, muchas veces pequeños niños a 4,000 metros de altura sumamente vulnerables, son no sólo difíciles de cumplir, sino que están sujetas a variables humanas, climáticas y técnológicas, que condicionan el proceso haciendo que un incidente, una infección, un evento de contaminación cruzada, sea algo siempre probable.

En todo caso, si el Estado no quiere soltar un programa tan rentable electoralmente, que sea asesorado por una de estas empresas, por un consorcio de empresas, o por la más reputada quizás. La tarea de una empresa especialista en buena alimentación sería simple pero difícil: tendría que formar un equipo de asesores de todas sus áreas operativas: gastronomía, nutrición, seguridad, calidad, logística, administración, comunicaciones y relaciones públicas. Luego debería hacer un diagnóstico de la situación del programa para encontrar las fallas del sistema; posteriormente empezaría a transferir todos sus conocimientos a los funcionarios públicos responsables del programa (que deberían ser nutricionistas o personas con experiencia en el rubro) y a los líderes locales, acompañándolos durante tres o cuatro años, reportaría problemas, vigilaría, atendería incidentes sin hacerse responsable de los mismos, mantendría un contacto total y radical con las autoridades locales y representantes del programa en provincias, y finalmente, sistematizaría la experiencia y desarrollaría un programa social que en cinco o seis años, funcionaría mejor, no perfectamente, mejor.

¿Esto cuesta dinero? Por supuesto. Ninguna empresa privada haría todo eso gratuitamente puesto que el trabajo de asesoría y transferencia de conocimientos sería realmente intenso, constante y enorme, pero todos sabemos que sería el dinero mejor invertido. Esto último o convocar y licitar el servicio sería lo más inteligente. Seguramente Carolina Trivelli debe pensar que hoy en vez de darle rédito político, le está dando un tremendo dolor de cabeza. ¿Quién se lanza? ¿Sodexo? ¿Aramark? ¿APC? ¿Newrest? Aquí no se trata solamente de Qali Warma, se trata de un Quality Warning.

¿Qali Warma o Quality Warning?

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