Actividades-minerasEn los últimos 20 años, y con las reformas económicas e institucionales que dieron y dan al Perú el impulso que hoy le permite crecer, la Empresa Privada y el Estado tienen muchos más espacios para articularse por el desarrollo. Esto ocurre no solo en las alianzas público privadas, sino en regiones en las que los gobiernos locales reciben regalías, canon minero u otros recursos provenientes de las actividades extractivas. El artículo 76 de la Constitución (desde un punto de vista público) favorece que el Estado contrate o adjudique a terceros privados la construcción de obras públicas o la ejecución de proyectos sociales.

Pero como bien saben quienes trabajan o han trabajado en el sector público, en los contratos de la administración pública todo debe estar normado. Aunque el concepto de contrato no cambia (artículo 1351 del código civil), la diferencia es que una de las partes es la Administración Pública y esto hace que los parámetros, reglas de juego, procesos, pasos y tiempos sean más largos y más complicados. En este sentido, si los contratos entre la administración pública y los privados no siguen el debido proceso deberán ser considerados nulos. Por otro lado, el contenido no es libre, siempre debe estar sujeto a la norma legal vigente. A diferencia de un contrato entre privados, la voluntad de las partes no prevalece, prevalece la normativa pública.

Así, nos topamos con que muchas veces una empresa privada prefiere hacer las cosas “por su lado”, coordinando directamente con la comunidad, para evitar procedimientos, trabas y complicaciones burocráticas surgidas de la particularidad de “contratar” con el Estado.

O, por otro lado, nos encontramos con gobiernos locales que tienen fondos para hacer proyectos pero no tienen la capacidad para utilizarlos, o se entrampan en el proceso de hacerlo. Desde el momento en que se deben elaborar los términos de referencia para hacer un estudio técnico, su aprobación en la OPI, la convocatoria a los consultores para realizar dicho estudio, la validación del estudio, la aprobación del perfil, la elaboración del expediente técnico final (dependiendo de si es un PIP Menor o Mayor), la inclusión a tiempo en el PEMIP, la calendarización, la buena pro, todo puede tardar, literalmente años.

Así, la articulación Estado – Empresa aunque mejora con el tiempo, y crece la confianza, es todavía un asunto por resolver que requeriría de más herramientas desde el Estado, que puedan facilitarla, promoverla, dando facilidades al sector privado y algunas libertades a los funcionarios públicos para que no den cada paso con miedo y esperando a que Contraloría se los lleve de encuentro cuando entre el siguiente funcionario de confianza.

Esto facilitaría la construcción de obras públicas, la ejecución de proyectos de educativos, de salud, pero sobretodo la transferencia del “saber hacer” empresarial a los funcionarios públicos, encargados de la planificación, diseño, monitoreo y cierre de proyectos de desarrollo sostenible.

La articulación Estado – Empresa para el Desarrollo Sostenible
Tagged on:                                             

Deja un comentario